El Colegio de Abogados de Villa María adhiere a lo manifestado por FECACOR frente al anteproyecto de ley (Expte. 2855-D-2022) para regular la “sucesión notarial”, habilitando a la intervención de un Escribano Publico en reemplazo del Juez Natural del proceso sucesorio, y a su vez expresa en forma manifiesta y contundente su rechazo al mismo.
La investidura de la calidad de heredero, constituye el acto jurídico de reconocimiento por parte del Estado de la calidad de sucesor, su oponibilidad frente a terceros y la entrada en posesión de los bienes de la herencia. La declaratoria de herederos no es un simple acto de notoriedad, sino la resolución que pone en posesión de la herencia a los sucesores. No es solo un acto de estudio o análisis de la autenticidad de un documento. Es una etapa constitutiva del proceso UNIVERSAL sucesorio, y por lo tanto, su trámite en instancia judicial resulta fundamental para la aplicación de medidas de protección y preservación de derechos.
El anteproyecto de ley es inconstitucional, pues la sucesión ab intestato y la sucesión testamentaria no son meros trámites, son actos jurisdiccionales que no pueden ser suplidos dentro de nuestro ordenamiento jurídico.
Es inadmisible que se auspicie la tramitación notarial del proceso sucesorio, sin intervención del Poder Judicial, no puede sustituirse la seguridad jurídica, derecho fundamental de todo ciudadano.
Las cuestiones vinculadas al estado civil y a la sucesión de las personas, merecen sin duda alguna, la intervención de los jueces, como acertadamente lo prevén los arts. 91, 2336 y siguientes del CCCN; quienes garantizan la seguridad jurídica a través de sus resoluciones.
Los derechos constitucionales pueden ser objeto de regulación, siempre que con ello se asegure su ejercicio efectivo y eficiente (art. 14, 17, 18, 28 y concordantes CN) para “asegurar los beneficios de la libertad” de todos los habitantes, evitando que por esa vía se establezcan o consoliden privilegios o posiciones dominantes.
Este anteproyecto, constituye un nuevo ataque hacia el ejercicio de nuestra profesión, y a la ciudadanía en general, en tanto pone en grave riesgo la seguridad jurídica.
Que no te confundan, quien ataca a tu abogado pretende que no defiendas tus derechos.
DIRECTORIO DEL CAVM