Equipo Docente del «Curso en Proceso y Cuantificación de los Daños», coorganizado por el CAVM
24 abril, 2023
Convocatoria para conformar registro de abogados de niñas/os y adolescentes
3 mayo, 2023
El Colegio de Abogados de Villa Maria manifiesta su oposición y rechazo al proyecto que propone instaurar el Procedimiento Administrativo Sucesorio, suscripto por el diputado Martin Tetaz.
El proyecto presentado establece la posibilidad de determinar los herederos con la emisión de un certificado expedido por el RENAPER, a traves de un procedimiento administrativo, pretendiendo sustraer la función judicial en materia sucesoria, y modificar el proceso sucesorio actual regulado por el Codigo Civil y Comercial de la Nación en los aspectos sustanciales, en los formales atentando contra los Códigos procesales de cada provincia y en las incumbencias profesionales de la abogacía argentina.
El proyecto resulta inconstitucional, siendo manifiestamente inviable ya que viola lo dispuesto por los artículos arts. 1, 16, 18, 75 inc.12, 108,116 y 121 y concordantes de la Constitución Nacional Argentina. Vulnera los principios de juez natural, las facultades reservadas a las provincias de dictar los códigos de forma, afectando el debido proceso y la defensa en juicio al despojar a las futuras sucesiones de garantías jurídicas suficientes.
Sólo la intervención de un juez puede proporcionar certeza y seguridad jurídica a los interesados y a la sociedad toda.
Como ya ha sostenido la Federación de Colegios de Abogados de esta provincia, el proceso sucesorio no resulta ser un simple acto de notoriedad, es un reconocimiento jurisdiccional y, como tal, competente al Poder Judicial, motivo por el cual, dicha facultad jurisdiccional no puede ni debe ser delegada.
El proyecto atropella garantías constitucionales, delegando en un órgano administrativo la facultad de determinar si un proceso es o no litigioso, poniendo en grave riesgo los derechos de las personas y la seguridad jurídica.
El argumento de reducir costos de trámites no puede ni debe ser utilizado en desmedro de nuestra constitución, ni de la calidad de las labores, que deben ser llevadas a cabo por profesional idóneo.
La iniciativa es inconstitucional y avanza contra las incumbencias de abogados y abogadas de la matrícula.
Solicitamos a la Camara de Diputados de la Nación el archivo del proyecto, bregando por la tutela judicial de los intereses de la población y la defensa a ultranza de las incumbencias profesionales de la abogacía.
